Las fuerzas de seguridad admiten no contar con personal idóneo para llevar adelante el desalojo que ordenó el juez que atiende la causa. Mientras tanto, las familias comenzaron a construir sus viviendas.
El pasado 7 de febrero un grupo de personas se apostó en los terrenos ubicados en 9 de Julio y Urquiza, entre Matheu y Azcuénaga, detrás del CIC de Facundo Zuviría. Esro es en el norte de la ciudad de Santa Fe.
Desde esa fecha, a pesar de la orden de desalojo que emitió el juez federal Francisco Miño, las familias permanecen apostadas en el lugar, sin intenciones de abandonarlo.
El viernes 14 de febrero el magistrado emitió la orden de desalojo de las 35 familias que permanecían en esos terrenos.
Por otro lado, fuerzas de seguridad manifestaron no contar con personal para llevar adelante el desalojo, que debía realizarse el domingo 16.
Desde el municipio reconocen la raíz social del problema, pero coinciden en que se trata de un acto ilegal. Sin embargo, el gobierno de Emilio Jatón plantea que al no contar con poder policial, no está en sus competencias desalojar a quienes se niegan a abandonar el lugar.
Por su parte, la Provincia afirma que está dispuesta a colaborar con el Municipio, pero remarcaron que no es responsabilidad provincial lo que está sucediendo en estos terrenos. Y agrega que la Justicia Federal no pidió la colaboración de la Policía de Santa Fe para desalojar la zona.
De esta manera, y ante la falta de decisiones políticas para llevar adelante el desalojo los usurpadores fueron llevando materiales de construcción y de a poco fueron construyendo precarias viviendas.