El Colegio de agrimensores alertó sobre las estafas inmobiliarias

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Desde la entidad solicitan a la provincia que sea obligatorio verificar el estado parcelario antes de la concreción de la transferencia de un inmueble.

El Colegio de Agrimensores de Santa Fe Zona Norte solicitó a la Provincia la aplicación de la ley nacional 26.209 de verificación del “estado parcelario” para la transferencia de inmuebles, a fin de evitar estafas inmobiliarias.

“Recientemente la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe confirmó el procesamiento de personas involucradas en una megaestafa inmobiliaria, denunciada por funcionarios provinciales en el año 2011, por falsificación de escrituras de dominio en el Registro de la Propiedad”, señalaron desde el Colegio.

Este hecho expone la necesidad de la aplicación plena de la normativa nacional, de exigir la verificación del estado parcelario para la transferencia de un inmueble, oportunidad donde se constata la vigencia de la parcela, aspectos físicos y jurídicos, contrastando además la condición de propietario o tercero interesado de la persona solicitante de dicha verificación.

Como contribución a ello, el Colegio ha desarrollado e implementado un sistema de autenticación por huella dactilar y georreferenciación, que permite certificar que el profesional estuvo presente en el inmueble y realizó las constataciones indicadas.

“En la actualidad, en nuestra Provincia, solamente se verifican inmuebles con planos de más de 57 años de antigüedad, ubicando a Santa Fe en los últimos puestos en comparación con el resto del país”, sostuvo Wilfredo Pozzi, presidente del Colegio de Agrimensores, a Sin Mordaza.

“Muchas veces ocurre que uno compra un terreno baldío, hace la transferencia con un escribano, con un plano muy antiguo y luego se entera que su vecino está metido medio metro en su terreno. Una vez que ya se hizo la transferencia el problema lo tiene el comprador por no haber hecho la verificación de las dimensiones del terreno”, explicó Pozzi.

En la actualidad en nuestra Provincia, solamente se verifican inmuebles con planos de más de 57 años de antigüedad, lo que coloca a Santa Fe en los últimos puestos en comparación con el resto del país.

“Lamentablemente por decisión política, se sigue postergando la aplicación plena de la ley y de sus resoluciones reglamentarias vigentes, librando la gestión de transferencias de inmuebles a posibles irregularidades”, concluyó Pozzi.

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