Tras la acusación de la fiscalía, el juez ordenó que permanezcan detenidos en cárceles que tengan inhibidores de señal de teléfonos celulares.
Tras una audiencia imputativa que se extendió por dos semanas, la Justicia penal dictó prisiones preventivas para Cristian «Pupito» Avalle y otras 28 personas por la comisión de 47 hechos violentos cometidos en el marco de una asociación ilícita, en los últimos dos años. El juez Nicolás Foppiani también apuntó a que los imputados sean alojados en dependencias del Servicio Penitenciario que cuenten con inhibición de señal teléfonica.
Los fiscales Patricio Saldutti, Valeria Haurigot, Franco Carbone, Adrián Spelta, Gastón Ávila, Ademar Bianchini, Alejandro Ferlazzo, Gisela Paolicelli y Viviana O’Connell imputaron a la banda liderada desde su lugar de detención por Avalle, un preso sindicado como un segunda línea de la banda de Los Monos, alojado en la cárcel de Ezeiza, por múltiples delitos tales como extorsiones a comercios, balaceras a colegios y sindicatos y homicidios.
En ese contexto, el juez Nicolás Foppiani dispuso la prisión preventiva efectiva para todos los imputados, salvo para uno de ellos, que quedó en libertad con restricciones.
«Lo que vemos es que las bandas ya son polirrubros y no sólo se dedican a la venta de droga, sino que disputan poder y negocios en sindicatos e instituciones», había dicho la fiscal Haurigot al inicio de las imputaciones.
A los acusados se les atribuyó «haber formado parte de una asociación ilícita con permanencia en el tiempo, división de tareas y asignación de roles, que se dedicó a cometer delitos contra las personas, contra la vida, contra la libertad, contra la seguridad y la administración pública y el orden público», que «operó al menos desde el mes de marzo de 2021 hasta la actualidad», en Villa Gobernador Gálvez y Rosario (principalmente en las zonas sur y suroeste).
Además, la acusación habla de un «acuerdo criminal en común» para cometer delitos como «homicidios, abusos de armas, extorsiones contra personas físicas y contra entidades gremiales, intimidaciones públicas contra instituciones educativas y medios de comunicación, portaciones y tenencias de arma de fuego, encubrimientos y desarme de vehículos con pedido de secuestro, usurpaciones, amenazas calificadas, entre otros».
Además de ordenar las prisiones preventivas, el magistrado notificó en su resolución a la Dirección del Servicio Penitenciario Federal, la interventora del Servicio Penitenciario Federal y al Director del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe que «garantice que los imputados sean alojados en dependencias que cuenten con inhibidor de señal debiendo documentar tal circunstancia y acreditarla dentro del término de 10 días bajo los apercibimientos de ley».
sm