El gobernador electo quiere volcar policías administrativos a la calle para intensificar las tareas de prevención y flexibilizar compras directas.
Por Hernán Lascano
La agenda del gobierno de Maximiliano Pullaro en temas de seguridad pública se centrará en cinco líneas a imponer desde el primer minuto de gestión. La primera es la búsqueda de una ley de emergencia que posibilite una inmediata reorganización del servicio policial y de la compra de equipamiento con medidas de excepción con la meta de visibilizar a la fuerza en la vía pública. La segunda es una ley de narcomenudeo que coloque en manos de fiscales provinciales la persecución del comercio urbano de drogas. Le seguirá una reformulación de la gestión de las prisiones con el regreso de pabellones exclusivos de presos de alto perfil para un control exhaustivo de estos referentes, a la vez que un plan de construcción de plazas penitenciarias para descomprimir comisarías.
También habrá una reactualización del plan de estaciones policiales sin que eso suponga cierres de comisarías. El quinto punto es un plan específico para contener la violencia armada de alta lesividad que incluye reformas al Código Procesal Penal.
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