Como último tema del año en la Cámara baja, los legisladores votaron el »paso al costado» de la legisladora oficialista
La renuncia de Anabella Ruth Hers Cabral fue el último tema del año tratado en la Cámara baja durante las sesiones extraordinarias. Es que la diputada del PRO, que asumió su banca tras las elecciones de 2015, decidió abandonar su puesto en el Congreso luego de que haber asumido como miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
Antes de que se diera por finalizada la última sesión extraordinaria en Diputados, el presidente del cuerpo, Emilio Monzó, le solicitó a los legisladores que permanecieran en sus bancas para votar sobre la renuncia que presentó Hers Cabral, quien la semana pasada juró como miembro del Consejo de la Magistratura porteño, junto a Alberto Maques y Raúl Alfonsín, como representante del estamento de los abogados.
El pedido fue aceptado por el cuerpo de Diputados, siendo que, al haber figurado en séptimo lugar en la lista que Cambiemos presentó durante las elecciones de 2015 y tenía mandato hasta 2019, asumirá en su lugar el exlegislador porteño Jorge Garayalde. En lo que respecta a su actividad, Hers Cabral fue protagonista de dos momentos políticos de relevancia durante el año pasado.
En abril de 2017, la exdiputada del PRO presentó un proyecto de ley en el que propuso reformar la ley de contrato de trabajo y en la referida al Personal de Casas Particulares con el objetivo de incorporar una licencia especial, de 15 días, para las trabajadoras que padezcan violencia de género, siendo que esta situación no estaba incluida en dichas legislaciones.
En tanto, en mayo del año pasado solicitó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ordene al Gobierno nacional «que se abstenga de aplicar» la resolución de la Corte Suprema que aplicaba la derogada ley del 2X1 al genocida Luis Muiña. Una situación que finalmente fue subsanada por el mismo máximo tribunal.
En ese momento, Hers Cabral había pedido que el organismo internacional analice si es «convencionalmente válido modificar la duración de la pena dictada a una persona autora de delitos de lesa humanidad y si dicho principio se aplica con la misma intensidad o alcance sin diferenciar entre delitos de lesa humanidad y delitos comunes, o bien adquiere una intensidad o alcance distinto se trate de uno u otro delito».
«La denuncia no tiene por objeto que se revise la sentencia del Alto Tribunal argentino, sino, por el contrario, que verifique si la conducta seguida por las diferentes instancias judiciales (la Corte Suprema de Justicia de la Nación incluida) implica una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos», adujo la legisladora.
Vale recordar que principios de este mes, la Corte Suprema votó en contra de beneficiar con el 2×1 al represor Rufino Batalla, por 4 a 1, y dio marcha atrás con su fallo inicial, ya cancelado por el Congreso, desde donde se señaló que tal medida no podría ser aplicada en caso de delitos de lesa humanidad. Quienes apoyaron lo expresado por los legisladores fueron Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, mientras que Carlos Rosenkrantz, votó en contra al considerar que lo sancionado, y promulgado por el Poder Ejecutivo, fue inconstitucional.